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lunes, 4 de junio de 2012

En qué consiste un rescate.

Ignacio Escolar

www.escolar.net

No se sabe si será un rescate parcial –solo a la banca– o un rescate total –a la banca y al Estado–. Tampoco se sabe si se le llamará siquiera rescate o si se camuflará la intervención de nuestra economía bajo algún eufemismo que camufle la derrota. En el mejor de los casos, la ayuda llegará directamente hasta la banca. En el peor, será el Gobierno quien tenga que hacerse cargo del préstamo y la intervención será completa. Solo hay dos certezas. La primera: España necesitará dinero público para el sector financiero, más del que nos podrán prestar los mercados, por lo que ese capital llegará del extranjero con condiciones. La segunda: sea España plenamente intervenida o sea simplemente tutelada, esas condiciones serán durísimas para los españoles.

En cuestión de pocos meses, tal vez semanas, la ciudadanía española tendrá que soportar unos recortes aún más brutales que los que hasta ahora hemos conocido en los cuatro años que llevamos de crisis. Subirá el IVA, bajarán las pensiones o se acelerará el aumento en la edad de jubilación (o ambas cosas), se recortará el sueldo y el número de funcionarios, subirán los impuestos a la gasolina, aumentarán aún más las tasas, se reducirán las prestaciones por desempleo…

El Gobierno tendrá que aplicar un recorte tan brutal como el de Grecia, como el de Portugal, que hará de las actuales medidas una broma. Va a ser un sapo durísimo de tragar porque la culpa de este nueva vuelta de tuerca será de unos bankeros, de un establishment político y financiero, que ha vivido por encima de la posibilidades de la sociedad española. En un país con el paro al 25%, con la jefatura del Estado debilitada por el caso Urdangarin cuando no caza elefantes, con el Tribunal Supremo de semanas caribeñas, con la clase política cada vez más cuestionada, el riesgo de una ruptura institucional, de un estallido social, es cada vez más alto. Hay gasolina en la calle. Solo falta una cerilla, la gota que colma el vaso.

miércoles, 30 de mayo de 2012

El peligro de una injusticia sostenida.

En este vídeo, una niña de 12 años relata en 6 minutos cómo el sistema bancario de su país –perfectamente extrapolable al resto del mundo- se basa en el robo, la estafa y la especulación –de ahí el término banksters-. Asimismo, habla de que el poder político tiene todavía potestad –falta la voluntad- para acabar con esta situación injusta. En nuestro país, son  numerosas las voces que claman ya por la implementación de medidas que aliviarían la grave situación, como una justicia que castigue a los malos gestores o la creación de un banco público.

El problema de sostener una situación como la actual es que el sentimiento de injusticia se expande, lo que produce reacciones en la gente. En una primera etapa, la injusticia puede mover a la desilusión o al inmovilismo, pero superada esa fase, también puede llevar a la indignación, la movilización y la rebelión. Debemos esperar que en las próximas semanas el gobierno de España dé algún paso firme a favor de la justicia social, o de lo contrario, estarán lanzando el mensaje de que, agotadas las vías pacíficas para lograrla, sólo queda el recurso a los medios violentos, como nos muestran los libros de historia.

Un ejemplo reciente de lo que ocurre cuando un país es sometido a una situación sostenida de injusticia lo muestra Amanecer Dorado, el partido neo-nazi griego que acapara en los últimos meses una importante cuota de poder. Su programa electoral para las elecciones del mes que viene es, cuando menos, interesante.

lunes, 28 de mayo de 2012

El imperialismo hoy.

Lo que está ocurriendo en España y en algunos países de Europa no es nuevo. Se trata de una hoja de ruta que otros territorios ya recorrieron hace tiempo, tal y como reflejan libros como el que pego a continuación, donde habla, hace ya 10 años, de lo que desde hacía décadas había estado sucediendo en el sur (Sudamérica y África, sobretodo).

“Los poderes fácticos están fuera del país; depende del gobierno local idear formas de justificar la política a su pueblo. […] En pocas palabras, la oposición no disponía de ninguna alternativa a la austeridad impuesta por el FMI. por tanto, en cierto sentido no importaba quién ganase las elecciones, porque era el FMI quien iba a gobernar. Esta nueva dependencia extrema sitúa a la periferia bajo el control del centro (una especia de imperialismo informal diferente, sin la formalidad que supone la ocupación). Los hechos lo demuestran: por ejemplo, entre 1983 y 1991 más de 200000 millones de dólares fluyeron desde Latinoamérica a los fondos financieros del centro, lo que equivale a 534 dólares de cada hombre, mujer y niño desde el norte de Méjico al sur de Chile. Estas estadísticas demuestran que en la globalización el imperialismo ha dejado de existir para ser fundamentalmente ideológico.”

¿Nos debemos convencer ya de que estamos ocupados/controlados/saqueados por los amos del mundo?

Extraído de Flint, C. y Taylor, P. (2002), Geografía Política. Economía mundo, Estado-Nación y Localidad. Ed. Trama.

domingo, 15 de enero de 2012

Matemática de la rabia.

Juan Carlos Monedero

Rebelión

Y un día de estos vamos a sumar los asesinatos de la gente que muere 15 años antes de lo que les tocaba porque durante su vida no tuvo trabajo fijo ni seguridad social ni vivienda digna; y vamos a sumar los asesinatos de la gente que se quita de en medio por su propia mano porque los bancos les dicen que son económicamente inviables y los servicios sociales se han desmantelado para poder seguir enriqueciendo a los banqueros insaciables; y vamos a sumar las muertes en vida de la gente a las que les han quitado las esperanzas porque no les han dejado estudiar ni hacer planes para su futuro; y vamos a sumar los asesinatos de los niños que no han podido desarrollarse porque no había en casa suficiente comida como para cuidar su sueño y alimentar sus juegos; y vamos a sumar los asesinatos de la gente que ha muerto en trabajos basura, sin seguridad laboral, urgidos por patronos avariciosos o gerentes enloquecidos; y vamos a sumar los asesinatos de las mujeres que han perdido la vida porque el sistema no les dejó otro espacio que ser sumisas, prostitutas o débiles y no encontraron ojos en los que apoyarse cuando se estaban cayendo; y vamos a sumar los asesinatos de la gente que no resistió respirar el aire sucio de nuestras ciudades, beber el agua contaminada de tantos lugares, comer la escasa y podrida comida que les dejaron los mercaderes; y vamos a sumar los asesinatos de gentes caídas por balas, misiles, bombas y gases vendidas por traficantes de armas y proveedores de guerras.

http://www.antena3.com/noticias/mundo/pareja-ancianos-suicida-poder-superar-sus-problemas-economicos_2012011200213.html

Entonces, con tantas muertes en la conciencia, se nos va a llenar la boca de odio, y los pulmones de tierra y las manos de justicia, y nos vamos a enfadar aún más cuando nos digan que somos nosotros los que estamos sembrando la lucha de clases. Y entonces no van a encontrar bosques tan profundos ni mares tan hondos ni montañas tan altas como para que puedan esconderse y escapar de tanta rabia como nos han hecho acumular y tanta humanidad como nos han robado.

martes, 9 de agosto de 2011

Sobre el tiranismo bancario.

Somos victimas de una suerte de tiranismo bancario. Un tipo de violencia suave, quizá psicológica tan solo – pero violencia, al fin y al cabo –, que es ejercida por todas las vías posibles, justificadas por la consecución del valor. El €uro justifica los medios, dicen.

La situación hace tiempo que comenzó a rozar lo vergonzoso. El abanico de acciones contenidas en ese “todas las vías posibles” que explica y rige la filosofía bancaría –que desgraciadamente desde hace unos meses incluye también a las Cajas de Ahorros- van desde la invención y cobro de comisiones infantiles hasta la ejecución de desahucios inhumanos que deberían figurar en las páginas de los periódicos por violación flagrante de la Carta de los Derechos Humanos. Y lo cierto es que frente a esta situación injusta nadie defiende a los ciudadanos; partidos políticos, sindicatos, asociaciones de consumidores, policía… todos están de una manera u otra, por acción o por omisión, del lado de los banqueros.

La violencia es poco atractiva, desagradable y rechazable. Pero cuando tanta violencia es ejercida, directa o indirectamente, por un sistema social en varias de sus vertientes -política, jurídica y económica- sobre tantos individuos por separado –he ahí uno de los trucos para que tardemos tiempo en reaccionar-, es sólo cuestión de tiempo que esos individuos se rebelen y devuelvan esa misma violencia que tanto tiempo llevan soportando. Como ejemplo, basta echar una ojeada a lo que está ocurriendo en Inglaterra en los últimos días.

Quizás la solución no sea cargarse banqueros, pero sí conseguir que de un modo u otro, cada atentado contra la dignidad humana deje de salirle rentable a los bancos, aplicando su misma fórmula contra ellos. Ahí lo dejo.

viernes, 14 de enero de 2011

Fabricados para no durar.

Este reportaje fue emitido hace unos días por TVE1 y ha sido objeto de una gran controversia. En él se nos informa de cómo, desde hace casi 100 años, las grandes compañías fabricantes de productos de consumo hacen uso de diversas estrategias para lograr que éstos duren una cantidad determinada de tiempo. Esto se basa en la idea empresarial de que un artículo que no se gasta es nefasto para el negocio. Por ello, en el documental podemos aprender diversas prácticas empresariales que podrían resumirse en lo que técnicamente se denomina "obsolescencia programada", o lo que es lo mismo: reducir la vida útil de un producto para lograr así un incremento de su consumo.

Comprar, tirar, comprar


martes, 26 de octubre de 2010

Polarización social y pensiones

Vicenç Navarro

Público

La enorme concentración de la riqueza (tanto de la renta como de la propiedad) que ha ocurrido en la mayoría de países de la OCDE (incluida España) ha generado un debate en muchos de aquellos países que no ha aparecido en los mayores medios de difusión españoles. El tema que sí que ha aparecido mucho en nuestros medios ha sido la supuesta insostenibilidad del futuro de las pensiones, que ha originado la propuesta del Gobierno español de retrasar la edad de jubilación. Pero de concentración de las rentas y de cómo esta concentración está afectando al futuro de las pensiones no se ha escrito nada en los cinco rotativos de mayor difusión del país. Repito, nada.

No así en EEUU. En aquel país ha existido un debate muy intenso en varios diarios, incluidoThe New York Times. En EEUU, como también en España, las fuerzas conservadoras y liberales están subrayando que la transición demográfica hace inviable el futuro de las pensiones, a no ser que se retrase la edad de jubilación. Muchas de estas fuerzas están incluso proponiendo que la edad obligatoria de jubilación se retrase a los 70 años.

Las izquierdas, sin embargo, no están aceptando tal argumento y propuesta. Y están centrando su atención en la escandalosa concentración de las rentas que se ha ido produciendo en aquel país durante los últimos 30 años, consecuencia de las políticas neoliberales iniciadas por el presidente Reagan en EEUU y desarrolladas más tarde por la mayoría de los gobiernos de la OCDE, incluidos aquellos gobernados por partidos de raíces socialdemócratas, muchos de los cuales se han transformado en partidos socioliberales. En EEUU, el 1% de la población que tenía el 8% de la renta nacional en los años setenta ha pasado a tener el 24% en el año 2009.

El lector se preguntará: “¿Y qué tiene esto que ver con la viabilidad del sistema de pensiones públicas?”. Pues la respuesta es que tiene mucha relación. El sistema de financiación de la Seguridad Social es sumamente regresivo: es decir, cuanto más rica es la persona, menos paga (en términos proporcionales) a la Seguridad Social. Bill Gates, uno de los ciudadanos estadounidenses más ricos del mundo, paga 6.622 dólares a la Seguridad Social, prácticamente la misma cantidad que paga un empleado medio de su empresa. En EEUU (como en España), la carga impositiva para la Seguridad Social tiene un umbral (en EEUU es de 106.800 dólares) por encima del cual no se pagan impuestos para financiar las pensiones públicas. Monique Morrissey, del Economic Policy Institute (uno de los centros de investigación económica más reputados de Washington) ha calculado que eliminando gradualmente tal umbral –de manera que cada año se aumentara un 2%, hasta llegar a cubrir el 90% de la renta del contribuyente– se cubriría un tercio del déficit proyectado para el año 2040. Si en lugar de hacer el cambio gradualmente se hiciera inmediatamente, los fondos recogidos eliminarían aquel déficit completamente.

El hecho de que todo el debate en España (uno de los países de la OCDE, junto con EEUU, que tiene mayores desigualdades de renta) se centre en alargar obligatoriamente la edad de jubilación, en lugar de en aumentar la progresividad en la financiación de la Seguridad Social, se debe a que el sector de la población de rentas altas en España tiene mucho más poder político y mediático en nuestro país que el ciudadano normal y corriente. En realidad, la visibilidad mediática y política de una política pública tiene menos que ver con los méritos de tal propuesta que con las cajas de resonancia mediática de que goza. Véase, como ejemplo, el contraste en la exposición que tienen en los medios las medidas de austeridad y recortes de derechos sociales y laborales frente a las necesarias y urgentes reformas fiscales que se requieren para mejorar la capacidad recaudatoria del Estado y su progresividad.

Existe otra consecuencia de la creciente polarización de las rentas sobre las pensiones, de lo que tampoco se habla en el debate sobre las pensiones en España. La propuesta de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación para toda la población que trabaja discrimina a las personas de baja cualificación y rentas bajas a costa de las rentas altas y medias-altas. Así, en EEUU una persona perteneciente al 5% de la población, la de mayor renta, vive 15 años más que una persona perteneciente al 5% inferior. En realidad, mientras la esperanza de vida de los ricos ha aumentado cinco años durante el periodo 1980-2009, la de las personas de rentas inferiores ha aumentado sólo un año (y entre las mujeres de este grupo de rentas el aumento ha sido incluso menor). Es un enorme error que no se permita a las personas con trabajos poco satisfactorios y estresantes jubilarse antes (en España el número de trabajadores que indica que su trabajo es estresante ha subido en los últimos 20 años de un 32% a un 48%. De ellos, el 68% realiza trabajos poco cualificados). Como también es un enorme error forzar obligatoriamente a personas altamente cualificadas a que se jubilen a los 65 ó 67 años, cuando todavía están en plena actividad intelectual. La pensión debería ser un derecho, no una obligación. De ahí que a las personas que gozan de su trabajo y que vivirán más años que las personas con bajas cualificaciones que vivirán menos, debería permitírseles retirarse más tarde de la edad obligatoria, si así lo desean.

Pero además de ser un error el retraso obligatorio de la edad de jubilación, es una gran injusticia, pues retrasarla significa en la práctica que los que vivirán menos años trabajen dos años más (algunos incluso piden cinco años más) para pagar las pensiones de los que vivirán más años, sobreviviéndoles incluso 15 años en EEUU y diez en España (en la UE-15 son siete años). Estas son las consecuencias que la polarización de las rentas tiene en la financiación y en la equidad del sistema de pensiones, de lo cual apenas se habla en nuestro país.


Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

lunes, 4 de octubre de 2010

España va mal.

Le Monde Diplomatique

Se acabó la paz social. La huelga general del pasado 29 de septiembre contra la reforma laboral decidida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero constituye la apertura de una temporada social probablemente agitada.

El Gobierno ha prometido presentar al Congreso, antes de final de año, un nuevo proyecto de ley que pretende elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación y ampliar el periodo de cómputo, para fijar la cuantía de la pensión, de los últimos 15 años de vida activa a los últimos 20... Sumado a la reforma laboral y al decretazo de mayo pasado que rebajó el salario de los funcionarios, congeló las pensiones y recortó los gastos en obras públicas, este proyecto acrecienta la ira de las organizaciones sindicales y de buena parte de los asalariados.

De antemano, el Presidente del gobierno ha presentado sus decisiones como irrevocables: "Al día siguiente de la huelga general -alardeó en Tokio el 1 de septiembre- seguiremos con la misma actitud". Lo cual incita a los sindicatos a prever ya nuevas jornadas de protesta.

En su intransigencia, el Ejecutivo español sigue el modelo de otros gobiernos europeos. En Francia, a pesar de tres recientes movilizaciones masivas contra la reforma de las pensiones, el presidente Nicolas Sarkozy ha reiterado que no modificará la ley. En Grecia, seis huelgas generales en seis meses han sido desoídas por el Primer Ministro Yorgos Papandreu.

Amparándose en el principio de que, en democracia, la política se decide en el Parlamento y no en la calle, estos dirigentes ignoran el desconsuelo de amplias categorías sociales obligadas a recurrir a la huelga o a la manifestación callejera, expresiones de la democracia social, para reflejar su malestar específico (1). Actuando de ese modo, tales gobiernos yerran. Se comportan como si la legitimidad electoral se impusiese sobre las demás formas de legitimidad y de representación, y en particular sobre la legitimidad de la democracia social (2). En cualquier caso, esa inflexible actitud puede alentar a las masas descontentas, en una segunda etapa, a rechazar el diálogo social y a buscar un enfrentamiento frontal.

Sobre todo que, desde mayo pasado con el anuncio del brutal plan de ajuste, el disgusto de una parte importante de la sociedad española no ha parado de exacerbarse (3). Entre los casi cinco millones de desempleados, los trabajadores precarios, los jóvenes sin empleo, las mujeres asalariadas, los pequeños funcionarios y las familias de todos ellos se extiende la convicción de que el Ejecutivo los ha sacrificado.

Al mismo tiempo, a través del fondo de rescate bancario, el gobierno transfería a las instituciones bancarias y de ahorros (responsables de la burbuja inmobiliaria) hasta 90.000 millones de euros... No contemplaba aumentar significativamente la fiscalidad de las rentas más altas, ni crear un impuesto sobre las grandes fortunas, ni reducir los presupuestos de defensa (unos 8.000 millones de euros anuales), ni la financiación de la Iglesia católica (unos 6.000 millones de euros), ni tan siquiera la partida presupuestaria de la Casa Real (casi 9 millones de euros)...

Lo que desazona a muchos ciudadanos es la certeza de que el Ejecutivo ha adoptado esas medidas regresivas contra los asalariados, más que por convicción, por dictado de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Y por presión de los mercados financieros que, bajo amenaza de no invertir, exigen una caída de los salarios y una reducción del nivel de vida. De hecho, así lo reconoció ante un grupo de inversores japoneses el propio Presidente Zapatero: "Estamos abordando -confesó- las reformas que más preocupan a los inversores internacionales" (4). Y ante los máximos directivos de los principales bancos de negocios y fondos de inversión de Estados Unidos repitió que esas medidas las adoptaba "para que los inversores y los mercados valoren la firme determinación que tengo de hacer que la economía española sea competitiva" (5).

La reforma laboral no tiene ninguna relación con el recorte del déficit público ni con la reducción de los presupuestos del Estado, principales exigencias de los mercados financieros. Pero como el gobierno no puede devaluar la moneda para estimular las exportaciones, decidió favorecer el desplome de los salarios para ganar en competitividad.

Lo peor es que tan desacertadas medidas tienen pocas garantías de éxito. Los datos del paro registrados en agosto pasado, con la reforma ya en vigor, demuestran que el 93,4% de los contratos realizados fueron temporales... O sea, la precariedad continúa dominando el mercado laboral. La única diferencia es que ahora, a los empresarios, el despido les resulta más barato.

Después de la crisis de los años 1990, el paro tardó trece años en reducirse al nivel medio europeo; en una época en que la tasa de crecimiento era muy fuerte y España recibía masivamente fondos estructurales europeos. Hoy, con esta reforma laboral y con una previsión de raquítico crecimiento de larga duración, "el empleo en España -según la economista estadounidense Carmen Reinhart- no recuperará los niveles de 2007 hasta... 2017" (6).

Entretanto, rechazado por sus propios electores, este gobierno habrá perdido probablemente el poder y cedido la dirección del país a la oposición conservadora y populista. Generalmente es lo que ocurre -lo vimos en Alemania, Reino Unido y más recientemente en Suecia- cuando los partidos de izquierda reniegan de sí mismos y optan por políticas desvergonzadamente derechistas.


Ignacio Ramonet es Presidente de Le Monde Diplomatique

Notas:

(1) El voto democrático, precisamente por ser general y universal, no siempre permite la expresión de sensibilidades particulares.

(2) Léase Pierre Rosenvallon, "Le pouvoir contre l'intérêt général", Le Monde , París, 21 de septiembre de 2010.

(3) Según una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PSOE pierde 3,1 puntos. Sólo el 2,5% de los encuestados dice que la situación económica es buena o muy buena, frente al 22,6% que la considera regular y el 74,4% que la define como mala o muy mala.

(4) El País, Madrid, 1 de septiembre de 2010.

(5) Ibid, 21 de septiembre de 2010.

(6) Ibid, 12 de septiembre de 2010.

viernes, 24 de septiembre de 2010

Nosotros los imbéciles.

Ignacio Escolar

Publico 22/09/2010

Dos años después del fin de Lehman Brothers, aún no sabemos cuánto nos va a costar el rescate a los bancos y cajas españoles. Ya llevamos gastados unos 12.000 millones de euros y, desde el Gobierno, calculan que la factura final rondará los 30.000. Es lo que cuesta salvar al sistema financiero patrio de las secuelas de la crisis internacional y, en mayor medida, de sus excesos durante la burbuja inmobiliaria. Por si acaso, el fondo de rescate español, el FROB, está presupuestado con un máximo de 99.000 millones, no vaya a ser que esa banca pase hambre.

Es fácil perderse con tanto cero. Pero 30.000 millones de euros, para los de letras, es cerca del 3% del PIB español. Es el doble del tijeretazo del déficit. Es casi ocho veces el recorte del sueldo a los funcionarios. Es 20 veces el ajuste de las pensiones. O es 50 veces lo que cuesta el plan de rescate para los parados de larga duración.

30.000 millones de euros en un país destrozado por la crisis es un inmenso montón de razones para que los responsables de esos bancos y cajas a los que ha salvado de sus errores el dinero de todos se escondan en una cueva y no salgan de allí hasta que se olvide su vergüenza. Pues no. Aún nos dan lecciones. Ayer, con el desparpajo habitual del sector, el director general de la Fundación de las Cajas de Ahorro, Victorio Valle, calificó de “imbecilidad” la propuesta de esa mínima tasa a las transacciones financieras que respaldan algunos países de la Unión Europea y que pidió el lunes en la ONU Zapatero. Una imbecilidad, es decir, algo propio de imbéciles. Y tiene razón. Somos imbéciles, completa, absoluta y rematadamente imbéciles, si toleramos que el mismo sector financiero que hundió el planeta se vaya de rositas y encima nos insulte.