Represión en Honduras

Simplificación

Almudena Grandes

El País

El final de las vacaciones ha traído consigo una radical simplificación de los diagnósticos sobre la situación económica. Aquella crisis que hace no tanto requería, en la opinión de los expertos, un enfoque novedoso y creativo, capaz de aportar soluciones inéditas a una emergencia nunca vista, sólo podrá resolverse, según la actualizada opinión de los mismos expertos, machacando a los trabajadores. Lo dicen los economistas, los analistas de mercado, los editoriales de la prensa especializada y, por supuesto, los banqueros. Uno de ellos especificó hace unos días, con una chulería muy desagradable, pero comprensible, que si no se toman medidas como la flexibilización del despido, los mileuristas dentro de poco serán ochocientoeuristas. ¿Se acuerdan de cuando Sarkozy decía que el modelo capitalista había caducado? Seguro que sí, porque no hace tanto tiempo. En aquella época, hace un año escaso, Díaz Ferrán, que sigue siendo el presidente de la patronal, advertía que era necesario abrir un paréntesis para replantearse ese mismo modelo. ¿Qué queda hoy de aquel espíritu, que proclamaba la necesidad de cambiar hacia un sistema que acabara con la especulación, permitiendo un reparto más equitativo de los beneficios? Nada. La flexibilización del despido se ha convertido en la única receta, la indiscutible solución, la purga de Benito de la economía española.

La chulería de los banqueros es comprensible porque son ellos, entre otros especuladores, los que provocaron esta crisis, los que la alimentaron, los que acapararon las ayudas estatales, los que paralizaron la actividad económica negándose a dar créditos y, en consecuencia, los que han conseguido hacerse más ricos mientras todos los demás nos hacemos más pobres. Es como para echarse a temblar. Si le cogen el tranquillo, vamos a tener una crisis cada 10 o 15 años.

[Añadido: ¿Y no es precisamente eso lo que ha ocurrido desde la implantación del capitalismo, antes a escala nacional y ahora a escala mundial?]

Memorias históricas

Ramón Reig

Rebelión

Contamos con la ley de la memoria histórica, impulsada por el PSOE, sobre todo, e Izquierda Unida. Por los hechos, parece que está pensada sólo para la Guerra Civil y efectos posteriores. Es justa y necesaria la ley, no se puede olvidar el pasado y mucho menos cuando lo protagonizó un genocida llamado Francisco Franco que no se limitaba a matar sino a rematar.

Desde el descubrimiento de América, al menos, España se ha caracterizado por una pugna entre lo nuevo y lo viejo, donde las corrientes ilustradas solían llevarse la peor parte. Cuando la Francia post-revolucionaria invadió España traía consigo aires ilustrados. Por eso no pocos españoles se afrancesaron. Pero como no era de recibo que un país aplastara a otro con sus botas militares, a ese país se le envió a su lugar y eso estuvo bien. Lo que no fue tan positivo para España es virar hacia el más rancio conservadurismo de nuevo. Los afrancesados se tuvieron que ir a otra parte echando leches, ya digo que a los ilustrados españoles no les ha ido bien en la vida, como por ejemplo a Alberto Lista, Blanco White, Reinoso, Manuel María del Mármol, etc.

Tras los franceses, los españoles se apuntaron al “Viva las cadenas” y la idea ilustrada se fue a tomar viento, una idea que consistía en dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no a aguantar una situación donde Dios y el César no viven juntos sino revueltos. Y, se diga lo que se diga, donde está la fe, la razón sobra, y al revés. Desde el punto de vista teórico no hay asimilación posible, desde el punto de vista práctico, se puede tolerar la situación por cortesía y respeto, siempre que haya tolerancia y educación por ambas partes.

A finales del XIX la España de charanga y pandereta, sotana y sacristía, nos trajo el desastre de 1898. De nuevo los ilustrados se dejaron sentir y oír: Machado, Unamuno, Baroja…, pero, con el tiempo, en la guerra civil, fueron aplastados del todo. Y eso es lo que representa Franco: la cobardía de España, el miedo a la libertad, el deseo de ir siempre protegidos bajo un palio religioso, como si estuviéramos en Irán o en el Afganistán de los talibanes. La religión oficial suele ser esclavizante, es cálida, acogedora y simple, pero fagocita las mentes, está hecha para los pobres de cerebro y de espíritu. Lo ilustrado no puede ser exactamente lo contrario sino la tolerancia, lo que sucede es que las emociones no son tolerantes y entonces la razón debe dejar de serlo. No hay razón pura pero sí emociones puras. La razón puede educar las emociones o, al menos, convertir a las emociones en emociones razonables y racionales.

Pero dejémonos de filosofías. La ley de la memoria histórica pretende que un fascista –apoyado por una serie de familias notables- no pueda teñir un país de sangre, despojarlo de señas de identidad, simplificar su existencia y luego morirse en 1975 para, a continuación, llegar la Transición, cambiar todo para que todo siga igual y aquí no ha pasado nada. Lo que sucede es que la práctica de la ley no es completa. La estamos centrando en las fosas, en los muertos. Deseamos que los muertos hablen y eso está bien, supongo que un paseíto por la luz no les vendrá mal después de tantos años enterrados. Pero no es suficiente.

Desde 1975 hasta hoy, hay otra memoria histórica que nos dice que unos y otros –UCD, PSOE, PCE, AP, PP, IU- han sido cómplices al levantar un sistema en cuyo interior los ciudadanos han perdido las ilusiones paulatinamente. Se les está recordando la memoria histórica sobre todo de una parte del bando contendiente, pero se le ha despojado del conocimiento del contexto mundial actual y sus efectos en sus vidas. Se explica el pasado pero no se explica el presente en función de ese pasado. No se explican las raíces reales de la crisis de 2008, las mentes se tornan superficiales y prepotentes en su ignorancia, el analfabetismo funcional avanza. Europa se agringa, pierde su identidad como continente que ha aportado a la Humanidad todo lo que hoy es, para bien y para mal. Al mismo tiempo, en España, la Transición y la posterior democracia ha tirado al cubo del olvido a mentes preclaras y luchadores por la libertad que hoy serían muy útiles. Están en sus casas, lamentándose de su suerte y al mismo tiempo riéndose de los descabezados que nos intentan gobernar. Como periodista he vivido la Transición y no he conocido un gobierno más mediocre que el actual, donde priva la moda sobre la preparación y el conocimiento. Se puede ser ministra con treinta años o presidente de una potencia con menos de cincuenta; las cuotas están por encima de las competencias y los currícula. Todo esto es ridículo, la propia ley de la memoria histórica es ridícula tal y como la veo en la práctica porque es reduccionista y parcial. Si yo afirmo que esta democracia ha podido nacer gracias a que en tiempos de Franco surgió la amplia clase media del Seat Seiscientos, soy un carcamal. Pero fue así, lo que pasa es que las leyes se hacen para que se interpreten como desea el legislador. El conocimiento ahora está dirigido, se apoya un proyecto de investigación o una iniciativa para recordar unos aspectos pero no otros. Y eso es lo que se hace en las dictaduras, no en las democracias. Es necesario que también recordemos esta evidencia.

La impunidad del franquismo

José Saramago

El País 16/09/2009

Son 114.266 personas las que, según el auto dictado por el juez Garzón el 16 de octubre de 2008, desaparecieron, en el contexto de crímenes contra la humanidad, entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, ulteriormente, durante la dictadura fascista de Franco.

La violación de los derechos humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes, y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos.

Por ello, la comunidad internacional ha ido estableciendo diferentes compromisos, ineludibles para todos los Estados, a fin de garantizar la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y el castigo de los autores de los más graves crímenes contra la humanidad. Es decir, garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, como garantía del principio esencial, del que debe prevalerse todo Estado, de no repetición de los crímenes.

Respecto de los familiares -como lo ha reiterado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 16 de julio de 2009 en el caso Karimov contra Rusia- la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano. Dicho de otra forma, los familiares de los desaparecidos sin respuesta oficial son víctimas de tortura.

Desde la Convención de Ginebra de 1864 sobre leyes y costumbres de la guerra, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, pasando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o los recientes Principios o Directrices de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos adoptados en el año 2005, es indudable el deber, moral y jurídico, de toda la comunidad internacional y de cada uno de los Estados que la componen, de perseguir graves crímenes contra la integridad y dignidad humana.

Las desapariciones forzadas, han sido calificadas por las Naciones Unidas como un ultraje a la dignidad humana, reconociendo el derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud, o de identificar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. Como otros crímenes semejantes, considerados de lesa humanidad, no son amnistiables ni prescriptibles según la evolución del Derecho Penal Internacional desde los principios de Núremberg.

Esa obligación de perseguiry castigar los más graves atentados contra la humanidad es aplicada sólo por algunos Estados, y de forma interesada. Y España ha de entonar por desgracia, y con gran vergüenza, el mea culpa.

España que se congratulaba en ser uno de los pioneros en la aplicación del principio de justicia universal, hoy desgraciadamente en entredicho, ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico.

Recientemente, el Comité de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones de octubre de 2008, examinando los informes presentados por los diferentes Estados, y antes de que se declarase la Audiencia Nacional incompetente para conocer de las desapariciones que tuvieron lugar durante y después de la Guerra Civil, señaló que "está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977", y recordó que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos, observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".

El comité recomendó no sólo la derogación de la Ley de Amnistía, sino el auténtico restablecimiento de la verdad histórica sobre todas las violaciones -se produjesen por quien se produjesen- de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, añadiendo que ha de permitirse a las familias que identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.

La naturaleza de crimen de lesa humanidad que supone la desaparición forzada de personas es, por tanto, indiscutida, en particular cuando se comete de forma grave o sistemática contra la población civil. Lo señalaba también la Convención de 2006 sobre Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, determinando la obligación de los Estados de investigar los hechos y juzgar a los culpables.

Han transcurrido más de 12 años desde que, el 28 de marzo de 1996, la Unión Progresista de Fiscales interpusiera la primera denuncia por los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura militar argentina en los años 1976 a 1983. A partir de entonces, se han sucedido en la Audiencia Nacional española, como órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los crímenes acogidos bajo la jurisdicción universal, diversas denuncias por crímenes internacionales ocurridos en diferentes países que han dado lugar a un amplio debate sobre el principio de jurisdicción universal.

Sin embargo, más de 70 años después de los hechos, en España se sigue sin conocer qué pasó, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones, y qué sucedió con los, al menos, 114.266 desaparecidos que se han documentado judicialmente.

La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Señalaba, el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet que "para pasar página, hay que haberla leído antes".

No olvidemos a esos 114.266, con sus nombres, apellidos e historias. Con sus madres, hermanas o hijos. No sigamos tolerando que se torture a sus familias. El olvido y la impunidad no es solamente fuente de dolor para las víctimas, es una herida abierta que lesiona la democracia. Bien dijo Francisco de Quevedo: "Menos mal hacen los delincuentes, que un mal juez".

¿Todo por la Patria?

Organización como razón de ser

"Oganización como razón de ser. Aquellas partes no organizadas de la sociedad no tienen nada que hacer, nada sobre lo que influir, y son arrinconadas en un olvido feroz, y desaparecen de la memoria colectiva y del presente político."

• Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional