Hay quienes luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles.
lunes, 26 de julio de 2010
sábado, 24 de julio de 2010
miércoles, 21 de julio de 2010
Ley universal de la mendacidad.
Antonio García Trevijano.
Todo el mundo puede mentir. El mérito no es demasiado grande. Pero sólo el poderoso puede hacerlo con impunidad. El poeta legitima la mentira por su belleza, como por su utilidad el amo la consagra ante el esclavo, el padre frente al hijo, o el gobernante respecto a los gobernados. La estética y la moral utilitarias legitiman la falta a la verdad si, y sólo si, el mentiroso ocupa una posición de poder artístico o social frente al mentido. La mentira del inferior al superior, peligrosa para la relación de dominio, debe ser castigada.
Es sorprendente que los filósofos que han tratado la mendacidad política, desde Platón y San Agustín, hasta Popper, pasando por Maquiavelo, no se hayan percatado de la existencia de esta regla social. La mentira por razones de Estado (mentira “oficiosa”), la mentira colectiva de la clase política (presentar como rapto la huida de Luis XVI) y la mentira individual de un político (Nixon) están sujetas a esta misma ley universal que no conoce excepción que la invalide.
En cumplimiento riguroso de esta ley histórica que premia, como habilidad, la mentira del señor y castiga como inmoralidad, la del esclavo, los vicepresidentes, ministros y barones autonómicos, etc., al mentir como “esclavos”, deben ser castigados por inmorales, mientras que el Jefe del Ejecutivo, o de Partido Estatal, al hacerlo como “señores” que hablan a sus gobernados y tutelados, deben mantenerse en el poder por habilidosos.
El hallazgo de esta ley, criterio de mendacidad para príncipes y deleite intelectual para maquiavelistas, priva de fundamento a la hipótesis del juego que explica, en la mala suerte de ser descubierto, la eventualidad del castigo político de la mentira.
martes, 20 de julio de 2010
¿Qué pasa en España?
Vicenç Navarro
En las últimas semanas hemos visto toda una serie de acontecimientos que están impactando a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España. Uno, el más importante, es la enorme avalancha neoliberal, liderada por las derechas europeas (que dominan las instituciones de la UE) con la complicidad de partidos gobernantes de centroizquierda, que está reduciendo significativamente los derechos y beneficios laborales y sociales de la ciudadanía de los países de la UE, incluyendo España.
El otro hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que recorta significativamente el Estatut aprobado por el Parlament, las Cortes Generales y refrendado por el pueblo catalán en referéndum, y que generó, como protesta a tal dictamen, la manifestación más grande que jamás haya existido en Catalunya. Y por último, el pasado domingo, la selección española (en la que los jugadores del Fútbol Club Barcelona, el Barça –un símbolo del catalanismo identitario–, eran el grupo más extenso dentro del equipo) ganó el Mundial de fútbol, lo cual creó grandes movilizaciones en gran parte de España (incluyendo Catalunya) que las derechas están intentando contraponer a la movilización del día anterior en Catalunya, que supuestamente amenazaba la unidad de España.
Todos estos hechos corresponden a un contexto político común que, por paradójico que parezca, reflejan las mismas coordenadas de poder. La avalancha neoliberal responde a unos intereses de clase bien definidos. El mundo financiero (responsable de la crisis) y el mundo de las grandes empresas y sus instrumentos políticos están consiguiendo (con la ayuda de los medios afines) lo que han querido durante muchos años: el debilitamiento del mundo del trabajo. Mientras que los beneficios del gran mundo empresarial crecieron en el primer trimestre del 2010 un 18,5% (según las cifras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), las rentas del trabajo continuaron descendiendo un 8%. La reducción del gasto público (incluyendo el gasto público social) y la desregulación del mercado de trabajo tienen como principal objetivo debilitar al mundo del trabajo (incluyendo sus sindicatos).
Para ocultar esta realidad, se ha construido todo un entramado ideológico promovido por los establishments mediáticos y políticos neoliberales que argumentan que tales medidas son necesarias para recuperar la confianza de los mercados financieros (es decir, de la banca, que fue la que causó la crisis en primer lugar). Como bien escribió Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, en The Guardian (09-07-10), los argumentos que el establishment neoliberal de la UE y el Fondo Monetario Internacional están promoviendo carecen de validez científica. En realidad, España fue uno de los países de la UE-15 que cumplió más con la ortodoxia neoliberal, habiendo alcanzado una de las deudas públicas más bajas de la UE-15, y un superávit en los presupuestos del Estado en los tres años que precedieron la crisis. Y, a pesar de ello, España está en el centro de los países que más están sufriendo la crisis. Y ello no se debe al crecimiento “desmesurado” del gasto público (como lo presentan los neoliberales), sino al comportamiento especulativo de la banca (creando el boom inmobiliario) y a las políticas regresivas fiscales, que facilitaron el crecimiento del déficit cuando disminuyó la actividad económica.
Estos sacrificios son enormemente impopulares. De ahí que en España las derechas recurran a las banderas para conseguir el apoyo popular que sus políticas económicas le niegan. La derecha nacionalista española es heredera del Estado fascista que dominó España durante 40 años y que justificó el enorme daño que conllevó (España tenía el PIB per cápita de Italia en 1936; en 1975, el PIB de España era sólo un 64% del de Italia), con el argumento de derrotar al comunismo y al separatismo, defendiendo “la unidad de España” (el eslogan utilizado por el fascismo y el posfascismo para justificar la imposición de una España radial, uniforme y excluyente). En defensa de unos intereses de clase, impusieron el mayor retraso económico, político, social y cultural que haya habido en Europa. Los datos hablan por sí mismos (ver mi libro El subdesarrollo social de España).
Sus herederos –el Partido Popular– han continuado haciendo un enorme daño a las clases populares de las distintas naciones y regiones de España, habiendo sido el Gobierno del PP el que, con sus políticas de desregulación del suelo y políticas fiscales regresivas, originaron la crisis actual. Y ahora, en su intento de capitalizar el anticatalanismo (que sembró la dictadura en la población española), se ha opuesto al Estatut que fue aprobado por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español, argumentando que rompería España. La sentencia del TC, que ofendió (en su procedimiento, en su narrativa y en su dictamen) al pueblo catalán, ha creado tensiones totalmente innecesarias. Si el TC hubiera aprobado sin más el Estatut, España hubiera continuado unida. En realidad, se ha ido implementando durante cuatro años sin que apareciera ni siquiera una fisura. El Estatut representaba una redefinición de España. Es la resistencia a esta redefinición liderada por la derecha española la que está estimulando la rotura de España, pues el independentismo se está alimentando de esta insensibilidad hacia aceptar una España que respete su plurinacionalidad.
Pero España es plural, y el mejor indicador de ello es la selección española de fútbol, en la que precisamente el contingente del Barça jugó un papel clave en la victoria. Cuando el Barça ganó la Champions y sus jugadores expresaron con orgullo “Visca Catalunya!” en un Camp Nou lleno de senyeras, varios medios madrileños presentaron tal movilización como prueba de un incipiente separatismo. La mejor prueba de tal falsedad es que, el pasado domingo, estos “supuestos” separatistas jugaron un papel clave en dar la victoria a España. ¿Hasta cuándo continuará la derecha dividiendo a España?
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en la Johns Hopkins University
lunes, 19 de julio de 2010
Una lógica sin oponente
Quince años después Sarkozy pretende una reforma que incorpore a su constitución la obligatoriedad de impedir el déficit; Obama ha declarado algo parecido; Rajoy lo ha planteado sin ambages y el Gobierno español se aplica a ello con diligencia dejando a la Constitución de 1978 hecha unos zorros en materia de Derechos Fundamentales.
Desde los cuatro puntos cardinales en que se han constituido el FMI, la OCDE, la UE y el BCE se insta a profundas y urgentes reformas laborales. Los gobernantes declaran ante sus pueblos que se debe ganar la confianza de los mercados (vocablo esotérico con la que se encubren, difuminan y se agazapan entidades tan concretas como bancos, financieros, inversores, agiotistas y gobiernos que los acogen en su seno). Los poderes públicos hacen bueno aquella expresión de Tietmeyer cuando fue presidente del Bundesbank: “los políticos deben acatar las decisiones de los mercados”. ¿Dónde está la Democracia?
Estos gurús saben perfectamente que los recortes en salarios, pensiones, inversiones y gasto público, añadidos a la facilidad y baratura del despido y a la precariedad subsiguiente, no crean empleo ni tampoco relanzan la economía; es más, lo reconocen paladinamente. Utilizan la coartada de la racionalidad económica como el velo ideológico que encubre -so capa de cientifismo- sus intereses de clase dominante. Son conscientes de que no pueden dejar ni un resquicio libre por el que los dominados -si se organizan- puedan obligarles a rendir y pagar las cuentas de los robos, manipulaciones, errores, trampas y demás delitos que han conducido a esta situación de crisis. Quieren dejar claro que no hay alternativa a su poder, a sus intereses, a sus métodos y a sus montajes ideológicos. Conocen mejor que nadie que no hay nada más político que la Economía. Se trata de de que los otros no caigan en la cuenta. Reconocen de facto que existe la lucha de clases y se aplican a ganarla en todo momento.
Esto ha sido posible porque el mundo social, ideológico, sindical, político y ético que dice representar a los dominados, ha tiempo que se alineó con los valores y prácticas del llamado pensamiento débil; es decir la aceptación de la lógica de los otros, aunque con esporádicas, débiles e inútiles protestas de vez en cuando. Piensen los lectores en el apoyo incondicional y acrítico de determinadas organizaciones y creadores de opinión al proceso de montaje de este bodrio llamado UE. La lógica dominante carece- hoy por hoy- de oponente estructurado y con entidad suficiente para ejercer de réplica y contrapropuesta eficaz.
Porque una lógica sólo se combate con otra distinta, confrontada, alternativa y organizada. Una lógica que sitúe a la ciencia económica como un instrumento al servicio de las necesidades humanas y no como la realización absoluta de un logos externo e independiente a las decisiones y voluntades de la ciudadanía.
Esa otra lógica, ligada a la humanidad cercana y concreta, niega consecuentemente todas y cada una de las tres divinidades del dios capitalismo. El mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido no sólo se han mostrado a lo largo de esta crisis como mecanismos inútiles para resolverla sino que han sido la causa de ésta y las anteriores. Pero es que además, la simple formulación de algunos de ellos, como es el caso de la competitividad predicada para todas y cada una de las naciones del planeta, es en sí misma una insalvable contradicciónin términis.
Es hora de fijar con decisión la preeminencia de la Democracia, los Derechos Humanos y la Carta de la Tierra. Y ello conlleva valores, actitudes y propuestas radicalmente diferentes a las que, fracasadas, son reiterativamente maquilladas como verdades incuestionables. Sólo desde una lógica y práctica alternativas conceptos como austeridad, racionalidad, planificación, eficiencia, productividad, solidaridad, sentido común y ética cívica cobran su exacto significado.
Y no es una cuestión de grandes declaraciones sino de organizarse en toda Europa para dar la respuesta alternativa, continuada y estratégicamente organizada. Los conatos desganados de movilización se circunscriben a cada país mientras la agresión proviene de la UE en su conjunto. ¿Dónde está la Confederación Europea de Sindicatos?
Recordemos cómo en los prolegómenos de la I Guerra Mundial el patrioterismo chauvinista arrastró a bastantes organizaciones obreras a una locura bélica que objetivamente no les concernía. Ahora es preciso y urgente organizar el cañamazo socio-político de una Europa unida institucionalmente, con un presupuesto común digno de tal nombre, una fiscalidad compartida, una economía coordinada y una sola voz en el concierto internacional. Y eso no vendrá de ellos.
Si la dictadura de los mercados no es contestada; si la alienación economicista se asume con fe de carbonero o si la docilidad a inercias electoralistas que difuminan el conflicto esencial no es obviada, sólo nos quedará la reedición de las lágrimas de Boabdil de Granada.
domingo, 18 de julio de 2010
Va a ser que la huelga no es por dinero.
Ya sabíamos que los trabajadores de Metro son unos privilegiados y unos insolidarios. Ahora además sabemos que son unos tacaños, y por si fuera poco también unos tontos que no saben ni sumar. Nos lo ha descubierto Esperanza Aguirre, que tras echar la cuenta de la vieja se sorprendió por el rechazo de la última propuesta de la empresa: una bajada de sueldo del 1,5%. Según Aguirre, supondría menos de 30 eurillos mensuales (¡tacaños!), frente a los 100 euros por día de huelga que dejan de cobrar (¡tontainas!).
Claro que cabe otra posibilidad: que los trabajadores de Metro no sean ni tacaños ni tontos, porque en realidad lo importante no es que sean 100, 30 ó 2 euros, sino el hecho central: el incumplimiento del convenio colectivo.
El argumento de Aguirre es reversible: si le damos la vuelta, podríamos preguntarnos cómo es posible que la empresa prefiera un conflicto laboral a cambio de ahorrarse sólo un 1,5% de gasto salarial que bien podrían sacar de otra parte (como de hecho proponen los trabajadores). De modo que para Metro, y para Aguirre, lo importante tampoco son esos 30 euros por barba.
Como temen los trabajadores, la ruptura del convenio sería un peligroso precedente, pero sobre todo echaría por tierra un elemento central de las relaciones laborales. Firmar un convenio suele costar sudor y lágrimas, y los trabajadores hacen sus propias renuncias para llegar a acuerdo. Si ahora queda en papel mojado, aunque sea por 30 euros, con qué ánimo negociarán el próximo. Más en un momento como éste, en que hay una ofensiva ideológica contra la acción sindical y los convenios colectivos, que puede acabar contagiándose a la reforma laboral que salga del Congreso.
La que no es tonta, ya lo sabemos, es Aguirre. Para ella lo de menos es recortar un 5% o un 1,5%. Lo importante es no perder este pulso, no mostrar debilidad. Y sabe que, con servicios mínimos de “normalidad absoluta”, y el verano por delante, el tiempo juega a su favor y presiona contra los trabajadores. Salvo que éstos no se sientan solos. ¿Quién tiene que ser solidario con quién?
sábado, 17 de julio de 2010
Retrato de un cumpleaños amargo.
viernes, 16 de julio de 2010
La vieja memoria.
jueves, 15 de julio de 2010
Gaspar Llamazares en el debate sobre el estado de la Nación.
Retrato de derecha con crucifijo
Juan Carlos Monedero
Juan Carlos Monedero es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid
miércoles, 14 de julio de 2010
Idiomas, exilios y cócteles Molotov
Arturo Pérez Reverte